Desde hace varios años, el papel desempeñado por el Consejo Superior de la Judicatura viene siendo cuestionado. La finalidad que tuvo la Constitución de 1991, al crearlo y otorgarle diversas competencias en dos salas -la Administrativa y la Jurisdiccional Disciplinaria- no se ha traducido, en los hechos, en una mayor eficiencia en la administración de justicia, ni en una puesta en operación del aparato judicial con medios suficientes para prestar un buen servicio.
En 1991, los constituyentes colombianos confiaban en que conformando dicho Consejo con dos salas, integradas por juristas con rango de magistrados de alta Corte, se podría dar un manejo gerencial y ejecutivo a la Rama Jurisdiccional, y establecer una alta instancia para los procesos disciplinarios adelantados contra los funcionarios judiciales y los abogados. Pronto la inexorable realidad del clientelismo, propiciado también -y de qué manera-desde los Gobiernos y el Congreso, permeó a sus anchas todos los resquicios de la institución.
Las dudas y polémicas sobre su funcionamiento no son nuevas. Se sabe que allí han hallado cómodo asiento desde exmagistrados cesantes de las otras cortes que no se resignan a perder su estatus, hasta exparlamentarios no destacados precisamente por sus óptimas calificaciones en materias jurídicas. Y allá, también, han tenido cabida, vía tutela, las más extrañas pretensiones de poderosos intereses, que han encontrado en sus fallos acomodo a través de sospechosa jurisprudencia, casi siempre en contravía de las decisiones de los otros tribunales.
Ahora, informaciones recientes nos evidencian una superación del nivel de desfachatez que han alcanzado algunos de sus magistrados, en el asunto del "carrusel" de nombramientos efímeros para reclamar pensiones que le costarán al fisco miles de millones de pesos. Sus miembros se defienden aduciendo que todos esos nombramientos se hicieron "conforme a la ley". Es posible. Pero no podrán justificar nunca que el espíritu de esa misma ley, lo han violado sin recato. Cualquier jurista respetable -de esos que tanto echamos de menos en las Cortes- les podría explicar cuál es la frontera entre ceñirse a la letra de la norma, y desconocer absolutamente los valores superiores de la justicia y la decencia. No están solos, empero, en su desafiante actitud.
Hace varias semanas, unos informes periodísticos ilustraban el continuo periplo turístico de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Destinos exóticos, con objetivos bien particulares: aprender del sistema garantista en regímenes totalitarios, por ejemplo. El recorrido por los manejos poco presentables de las altas cortes puede resultar desolador, y será tema de un próximo editorial, al analizar la necesaria e inaplazable reforma a la Justicia.
El Gobierno, a través del Ministro del Interior y de Justicia, parece firme y decidido, por lo menos hasta hoy, para proponer la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Apoyamos esta medida, sabiendo que no será fácil su aprobación en el Congreso, desde donde se manejan buena parte de los hilos que tienen enredado de forma irremediable el funcionamiento de aquel órgano.
En 1991, los constituyentes colombianos confiaban en que conformando dicho Consejo con dos salas, integradas por juristas con rango de magistrados de alta Corte, se podría dar un manejo gerencial y ejecutivo a la Rama Jurisdiccional, y establecer una alta instancia para los procesos disciplinarios adelantados contra los funcionarios judiciales y los abogados. Pronto la inexorable realidad del clientelismo, propiciado también -y de qué manera-desde los Gobiernos y el Congreso, permeó a sus anchas todos los resquicios de la institución.
Las dudas y polémicas sobre su funcionamiento no son nuevas. Se sabe que allí han hallado cómodo asiento desde exmagistrados cesantes de las otras cortes que no se resignan a perder su estatus, hasta exparlamentarios no destacados precisamente por sus óptimas calificaciones en materias jurídicas. Y allá, también, han tenido cabida, vía tutela, las más extrañas pretensiones de poderosos intereses, que han encontrado en sus fallos acomodo a través de sospechosa jurisprudencia, casi siempre en contravía de las decisiones de los otros tribunales.
Ahora, informaciones recientes nos evidencian una superación del nivel de desfachatez que han alcanzado algunos de sus magistrados, en el asunto del "carrusel" de nombramientos efímeros para reclamar pensiones que le costarán al fisco miles de millones de pesos. Sus miembros se defienden aduciendo que todos esos nombramientos se hicieron "conforme a la ley". Es posible. Pero no podrán justificar nunca que el espíritu de esa misma ley, lo han violado sin recato. Cualquier jurista respetable -de esos que tanto echamos de menos en las Cortes- les podría explicar cuál es la frontera entre ceñirse a la letra de la norma, y desconocer absolutamente los valores superiores de la justicia y la decencia. No están solos, empero, en su desafiante actitud.
Hace varias semanas, unos informes periodísticos ilustraban el continuo periplo turístico de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Destinos exóticos, con objetivos bien particulares: aprender del sistema garantista en regímenes totalitarios, por ejemplo. El recorrido por los manejos poco presentables de las altas cortes puede resultar desolador, y será tema de un próximo editorial, al analizar la necesaria e inaplazable reforma a la Justicia.
El Gobierno, a través del Ministro del Interior y de Justicia, parece firme y decidido, por lo menos hasta hoy, para proponer la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Apoyamos esta medida, sabiendo que no será fácil su aprobación en el Congreso, desde donde se manejan buena parte de los hilos que tienen enredado de forma irremediable el funcionamiento de aquel órgano.
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